Oleg Didenko, presidente de la Comisión Electoral de Ucrania: “Tenemos razones reales y legales por las que no podemos celebrar elecciones”

Oleg Didenko, natural de Sniatin, en la provincia ucrania de Ivano Frankivsk, cumplirá 45 años el próximo 8 de mayo, un día antes de que expire el actual periodo de ley marcial, una fecha que estaba marcada en rojo en la terrible cronología que asola su país. Didenko es el presidente de la Comisión Electoral Central (CEC) de Ucrania. Cuando el calendario pase la hoja, la ley marcial que rige desde el inicio de la gran ofensiva rusa, renovada este miércoles por el Parlamento, seguirá en pie y la organización de elecciones, prohibidas por esta norma, se alejará un poco más. Son ya 14 las prórrogas que ha aprobado el Legislativo desde febrero de 2022, pero esta es diferente. Es la primera vez que los diputados debatían tras el inicio de las negociaciones para un proceso de paz con la mediación de Estados Unidos.

El mensaje de Didenko es claro; insiste en ello: cuando la guerra lo permita, cuanto más tiempo tengan para organizar los comicios, mejor, pero sin excesos. “Deberíamos prepararnos lo mejor posible para las elecciones de posguerra y confirmar nuestra dirección democrática”, señala desde la sede del CEC en Kiev, la capital del país, “pero no debería prolongarse excesivamente este plazo para que no parezca un intento de mantenerse en el poder sin fundamento suficiente”.

El presidente de la Comisión Electoral Central admite las complicaciones que existen: “Actualmente, tenemos razones reales por las que no podemos celebrarlas. Debido a que hay una guerra a gran escala y no podemos garantizar ni la seguridad de los votantes ni un proceso electoral de acuerdo a estándares democráticos; pero también tenemos motivos legales, la ley marcial lo prohíbe”.

Didenko, jurista de formación, espigado y de gesto serio, habla en un tono muy bajito sobre aspectos muy técnicos, pero que marcarán el futuro democrático de Ucrania. Reitera la palabra “equilibrio”, en referencia a alcanzar esa justa medida entre preparar lo mejor posible el proceso electoral, sin perder “legitimidad” hacia fuera por tardar demasiado. “La ayuda de nuestros socios internacionales depende del nivel de democracia en Ucrania”, afirma. Pero matiza que no puede concretar cuánto tiempo necesitarán para celebrar elecciones una vez que la ley marcial quede en suspenso. “No sabemos en qué condiciones concretas se encontrará el país”, continúa Didenko.

Ofrece, eso sí, una pista: el periodo requerido para abrir los colegios electorales tras finalizar el mandato de un presidente —el del actual jefe de Estado, Volodímir Zelenski, lo hizo en mayo del pasado año— es de 90 días. El jefe del CEC, en el cargo desde hace un lustro, sostiene que Ucrania necesitará más de tres meses para organizar unos comicios presidenciales una vez que cesen las hostilidades.

El diálogo iniciado hace dos meses por el presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y el ucranio Zelenski, puso de nuevo las elecciones sobre la mesa. Más en la esfera política que en la calle. Pero las descalificaciones de Trump hacia Zelenski, al que llegó a llamar “dictador” por no organizar comicios, añadieron mordiente al debate democrático. El pasado 30 de marzo, el semanal The Economist sugirió que el Gabinete presidencial podría estar trabajando para convocar elecciones en julio, una información que descartó el jefe del partido del presidente en el Parlamento, el David Arakhamia.

La ley general sobre la ley marcial indica que no se podrá llamar a las urnas en tiempos de guerra. Y dice más, durante ese periodo, los principales cargos de la administración de gobierno, en primer lugar, el presidente, mantendrán sus responsabilidades y funciones hasta el término del periodo de excepción y nuevos comicios. Esta cita no parece estar próxima a tenor de la falta de avances en las conversaciones para una posible paz. Este martes, Zelenski entregó al Parlamento su propuesta legislativa para la prórroga de la ley marcial por otros 90 días. Un día después, la Cámara, en la que la formación del presidente, el Servidor del Pueblo, tiene una abultada mayoría, votó a favor (357 síes frente a un solo no).

Explica Didenko que una vez que se den las circunstancias, un alto el fuego y suspensión de la ley marcial, es el Parlamento el que debe legislar y aprobar una nueva norma para la organización y celebración de elecciones, porque la actual no sirve para un periodo de posguerra. El pasado viernes, en una entrevista con la agencia Ukrinform, el presidente del Legislativo, Ruslan Stefanchuk, manifestó que los grupos políticos ya han iniciado los trabajos preliminares para la redacción de esta nueva norma. “Uno de los mayores problemas”, prosigue Didenko, “es que hay millones de personas desplazadas”. Según las cifras de la ONU, más de 10 millones de ucranios han dejado sus hogares, de ellos, más de seis millones para cruzar la frontera hacia otros países.

Y pese a que la CEC ha actualizado el censo electoral, de poco sirve si los posibles votantes no han modificado sus datos de residencia. Didenko pone un ejemplo: “Antes de la guerra teníamos registrados a 50.000 electores en Bajmut [ciudad del este de Ucrania arrasada y ocupada por las tropas rusas], pero ahora estamos seguros de que hay cero. El problema es que la gente no se ha registrado en otro sitio”.

Tras el comienzo de la invasión a gran escala rusa, en febrero de 2022, la CEC empezó a trabajar en un informe con recomendaciones para futuros comicios. Lo presentaron en septiembre de aquel año. “Creíamos que la guerra duraría poco”, señala Didenko. El organismo electoral trabaja en la actualidad en un segundo reporte que tendrá listo en un par de meses y entregará a los diputados. Los retos son enormes: cómo votarán los soldados, cómo lo harán los desplazados, qué sistemas utilizarán los refugiados en otros países, en qué estado estarán los colegios electorales, qué pasará con las regiones ocupadas. Sobre esta última cuestión, hay un principio claro. “El Estado de Ucrania”, señala el jefe de la CEC, “no puede celebrar elecciones en territorios donde no tiene autoridad”.

Para asegurar el voto desde el extranjero, explica Didenko, la comisión ha trabajado en dos sentidos: primero ha recabado la experiencia cosechada en países con una gran diáspora, como es el caso de Rumania y Moldavia; en segundo lugar, ha aprendido de la experiencia de aquellos que tienen una amplia población ucrania desplazada, como Alemania, Polonia o España. “Hay tres opciones para esto”, detalla, “el voto a través de Internet, mediante el correo tradicional o en colegios electorales adicionales más allá de los consulados y embajadas”. Según el pliego que prepara la CEC para enviar al Parlamento, esta tercera vía sería la recomendada. Es decir, modificar la ley, que ahora solo permite el voto fuera a través de las misiones diplomáticas, para que se incorporen a estas sedes otros centros que sirvan de colegios electorales y que puedan absorber la gran cantidad de electores en el extranjero.

Se ha especulado con la posibilidad de que se puedan utilizar medios electrónicos como la aplicación Diia, en la que los ciudadanos ucranios guardan sus documentos oficiales. Pero tanto Didenko como su equipo ven este método, así como el correo postal, vulnerables ante posibles ataques desde el bando ruso. “El enemigo podría poner en peligro la legitimidad de las elecciones”, asegura el jefe de la CEC, “no es una cuestión de tecnología, sino de confianza”.